La clave de todo es el nuevo artículo 16 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta norma se modificó junto a la vigente ley de extranjería 14/03 con el consenso del entonces gobierno del PP y el PSOE. El objetivo de aquellos cambios era tener actualizados los padrones y sobre todo impedir que inmigrantes que habían cambiado de municipio siguieran inscritos en los registros de sus anteriores ciudades.

Para ello, el nuevo artículo estableció que «la inscripción padronal sólo surtirá efecto (...) por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente». Aquellas reformas -tanto la de la ley de extranjería como la de bases- entraron en vigor el 22 de diciembre de 2003, por lo que los dos años preceptivos se cumplen en diciembre de este año.

Según los datos del Ministerio del Interior, a 1 de enero de 2004 había en España 1.074.895 extranjeros, de los que sólo 274.547 tenían permiso de residencia permanente, lo que significa que 800.348 extracomunitarios deberán reempadronarse en los próximos seis meses. Si no lo hacen, quedarán fuera de los registros.

A esta cifra habría que sumar las decenas de miles de inmigrantes irregulares que por entonces, aunque empadronados, no tenían permiso de residencia. Los expertos estiman que estos extranjeros podrían suponer número similar al de los inmigrantes legales.