Así lo adelantó hoy
en el Congreso el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, que explicó que la Mesa de Diálogo está
estudiando «múltiples» peticiones en este sentido. Se refería
a las sugerencias reiteradas desde el Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica y el Consejo General de la Abogacía, entre
otros, que consideran que existen otros documentos (como
transacciones bancarias o tarjeta sanitaria) para demostrar la
estancia en España.
«Los estamos estudiando, es difícil, pero si hay una
solución debería estar la próxima semana para que pueda dar
tiempo a gestionar los expedientes», dijo el titular de
Trabajo, que no quiso adelantar si esta decisión podría
obligar a modificar el Reglamento de Extranjería o sus
instrucciones de desarrollo. Lo que sí aseguró es que no son
muchos, según sus datos, los extranjeros que se encuentran en
esta situación (cumplen todos los requisitos menos el
empadronamiento).
Además, afirmó que en los dos primeros meses del
procedimiento (se abrió el pasado 7 de febrero) se han
presentado 313.501 solicitudes, de las que se han resuelto más
de 65.000 expedientes. De ellos, «varios miles» ya están dados
de alta en la Seguridad Social. En este sentido, apuntó que se
han inadmitido por el momento alrededor de un 1 por ciento de
solicitudes, mientras que un 1,24 por ciento están pendientes
de certificado.
Caldera valoró «muy positivamente» la marcha del proceso,
en el que, según dijo, también está aflorando mucho empleo
sumergido de los 500.000 extranjeros que regularizó el PP
durante su etapa de Gobierno, pero a los que no exigió un
contrato de trabajo y, por tanto, seguían trabajando de forma
irregular. También estimó que el resultado del proceso hará
aflorar una parte muy importante de los 700.000 empleos de la
economía sumergida detectados por la EPA.
«El más importante de la historia»
«En el segundo mes las peticiones se han multiplicado por
dos --se congratuló--. Ayer alcanzamos la cifra máxima de
12.000 solicitudes, frente a los augurios de algunos
pesimistas. Es el proceso de afloramiento de la economía
sumergida más importante de la historia de España».
Por ello, envío felicitaciones a empresarios, sindicatos,
ONG y funcionarios, e insistió en que todos los inmigrantes
regularizados van a contribuir a financiar los servicios
públicos. También siguió animando a los empresarios a que
aprovechen este periodo transitorio porque a su término el
Gobierno va a ser «muy, muy, muy» severo con la economía
informal.
En cuanto a la distribución de las solicitudes, Valencia,
Madrid y Cataluña siguen acumulando el 64,1 por ciento del
total de solicitudes. Por provincias, Madrid, Barcelona,
Alicante, Murcia y Valencia acumulan un total de 196.710
solicitudes (63 por ciento).
Los rumanos adelantan a los marroquíes
Por otro lado, los ecuatorianos siguen siendo los
extranjeros que mayor número de solicitudes han presentado,
con un total de 86.916 (28,8 por ciento). La novedad es que
los rumanos son ya la segunda nacionalidad en presentar
solicitudes, con 42.629 (14,1 por ciento), sobrepasando a los
marroquíes, que han presentado 38.968 expedientes (12,9 por
ciento). Por debajo, se encuentran colombianos (34.000),
bolivianos (14.484), búlgaros (11.903), argentinos (10.105),
ucranianos (9.512), uruguayos (5.035), pakistaníes (4.961) y
chinos (3.600).
En cuanto a los sectores, al Régimen Especial de Empleados
de Hogar se han presentado un 33,2 por ciento de las
solicitudes, mientras que el 66,7 por ciento pertenecen a
otros regímenes, aunque va descendiendo el peso relativo de
los empleados del hogar respecto al resto de sectores a medida
que se incrementan las solicitudes.
Finalmente, Caldera aseguró que el impacto de la
flexibilización de criterios para trabajadores del campo se ha
notado «mucho» en el incremento de peticiones en las zonas
afectadas por las heladas, como Murcia, Ciudad Real o
Almería.
